La Agencia Tributaria ya ha concluido su investigación fiscal sobre Cristiano Ronaldo y, según ha adelantado El Larguero de la Cadena SER, considera probado que el delantero del Real Madrid defraudó hasta ocho millones de euros entre los años 2011 y 2014.
Era un dinero que debió haber pagado por sus derechos de imagen. Esa investigación ya ha sido enviada a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid para que decida si actúa judicialmente o no contra el futbolista portugués.
Entre los propios inspectores de la Agencia Tributaria hay dudas sobre si hay que proceder penalmente o no contra el madridista, si se trata de un caso de delito fiscal o de una infracción administrativa.
Las dudas de los inspectores tienen su base en que el deportista ya intentó regularizar su situación tributaria en 2015, cuando además de presentar la declaración de la renta de 2014, trató de ponerse al día de la tributación por los derechos de imagen correspondiente a los ejercicios comprendidos entre 2011 y 2013.
La Agencia Tributaria cree que esa regularización no fue correcta y que a los 5,6 millones de euros que pagó debería haber sumado otros 8 millones más.
Por tanto, la Fiscalía tiene que decidir ahora si le acusa de un delito fiscal o si se trata de una infracción administrativa, tras haber intentado regularizar su situación por voluntad propia.
Ronaldo tenía su dinero en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes pero, después de que comenzaran las primeras denuncias por fraude fiscal contra futbolistas en España, decidió regularizar todo su capital en el exterior, según la SER. Lo hizo antes incluso de que le fuera abierta una inspección. (Puedes seguir leyendo tras el audio...).
LAS DIFERENCIAS DE CRITERIO
Los inspectores de Hacienda mantienen un par de discrepancias esenciales sobre este caso. La primera, indica igualmente la SER, es que interpretan que Ronaldo tenía que haber hecho una declaración complementaria de cada ejercicio defraudado, pagando en cada una lo que le correspondiera de más, y no acumularlo todo al año fiscal de 2014.
Sin embargo, otros inspectores de Hacienda no ven delito en ello, creen que éste es un debate menor y no debería provocar una denuncia por la vía penal, sino resolverse por la administrativa, porque se da la circunstancia de que Ronaldo ha imputado a su regularización de 2014 el dinero supuestamente defraudado en los ejercicios prescritos de 2009 y 2010.
"Es decir, que el futbolista ha pagado de más al escoger esta fórmula", señala.
Si hubiera seguido la argumentación de los inspectores que han decidido denunciarle, es decir, hacer declaraciones complementarias de cada año de fraude, habría ejercicios fiscales que Hacienda no habría podido cobrar, porque ya estarían prescritos.
Las fuentes jurídicas consultadas por la emisora añaden que no ha existido ocultación por parte del jugador, que además de regularizar su situación, ha aportado a la Agencia Tributaria todos los contratos que justifican sus ingresos.
La segunda discrepancia es por una "compleja cuestión tributaria". Algunos inspectores entienden que debe denunciarse por la vía penal a Cristiano porque ha tributado algunos ingresos como derechos de imagen, cuando a su juicio, se trataba en realidad de primas o cánones.
Es otro concepto. La forma de tributar por unos y otros es distinta, varía mucho lo que se paga por cada cual. Si se trata de derechos de imagen, como defiende el jugador, tiene que pagar poco más del 20% de esas percepciones, pero si son primas o cánones, en virtud de la Ley Beckham, debe pagar hasta el 43%, si los contratos fueron firmados a partir del 1 de enero de 2010.
Sin embargo, hay inspectores que consideran que esta discrepancia se puede resolver por vía administrativa, sin de acudir a la penal. La fiscalía de delitos económicos de Madrid analizará ahora toda la documentación que le ha enviado la Agencia Tributaria y decidirá si denuncia a Cristiano por fraude fiscal o no.
Tal y como informó el diario El Mundo en diciembre pasado, el jugador del Real Madrid desvió 150 millones de euros de sus ingresos publicitarios, correspondientes al periodo 2009-2020, al paraíso fiscal caribeño de las Islas Vírgenes Británicas.
Un año antes, el 3 de diciembre de 2015, Hacienda le había abierto una investigación por sus declaraciones de la renta de 2011 a 2013.
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